Como juez y parte actuaron los concejales recusados en el proyecto que comprometerá vigencias futuras por 30 años

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Odín Vitola

Como juez y parte, así actuaron los concejales recusados por el veedor ciudadano Aurelio Rosales Durán, según coinciden otros miembros del Concejo distrital de Santa Marta, tanto de la minoría como de la misma mayoría, consultados por esta casa periodística.

Según dicen, no les corresponde a los recusados, Juan Carlos Palacio Salas, Juan Andrés Ruiz Frutos y Efraín Vargas Corvacho, resolver dicha acción de recusación, sino a la plenaria, o en su defecto a la Procuraduría Provincial de Santa Marta.

Sin embargo, los aludidos dijeron que no tenían impedimento alguno y con un inusitado afán e interés, participaron de la votación y aprobación del polémico y cuestionado proyecto, del que se advierten demandas de nulidad ante la justicia contenciosa administrativa. También acciones penales ante la Fiscalía y disciplinaria frente a la Procuraduría.

La anterior irregularidad se suma a la forma burda en que se ha pretendido silenciar a los concejales que se opone, no a la solución del problema del agua, sino al billonario endeudamiento en que pretenden someter a la ciudad, cuando es de conocimiento público el interés del gobierno nacional en aportar recusaos para dotar a Santa Marta de un buen sistema de acueducto y alcantarillado.

Todo indica, que el próximo viernes todo quedará consumado y años después, con el cinismo de siempre, quienes hoy aprueban el endeudamiento, dirán que sólo pensaron en aportarle a la ciudad, pero que no eran ellos los ordenadores del gasto.