En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales
incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. Fueron verificados cinco procesos de contratación que superaron los 457.000 millones
de pesos, de los cuales se habrían perdido cerca de 74.779 millones de pesos.
• Por las inconsistencias detectadas, se realizará una imputación en contra del
exgobernador de Magdalena Luis Miguel Cotes, dos en contra de la exgobernadora
Rosa Cotes de Zúñiga; y tres en contra del actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo.
En atención a una multiplicidad de denuncias recibidas de la ciudadanía y varias
organizaciones sociales, la Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de un grupo especializado de policía judicial
para verificar posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en Magdalena,
entre 2013 y 2019.
En ese sentido, siguiendo el direccionamiento estratégico de lucha contra la corrupción en los
territorios, se consolidó y priorizó el caso investigativo denominado ‘Robo de Magdalena’,
que permitió obtener abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que
en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco
procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos.
Adicionalmente, se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en
la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados
que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos, que corresponde
a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros.
Ante este panorama de criminalidad, considerado como una de las mayores evidencias de
corrupción y desviación ilegal de dineros en Magdalena, la Fiscalía solicitará ante la Judicatura
audiencias de imputación. Una de las diligencias será contra el exgobernador Luis Miguel
Cotes Habeych; dos más contra la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga; y tres en contra del
exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del departamento Carlos Eduardo Caicedo
Omar, por los siguientes hechos:
Millonario detrimento en la ‘Vía de la Prosperidad’
El 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un
contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro
(Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían
incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la
estructuración del presupuesto.
Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato
original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el
constructor.
Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias
pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones
de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser
un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el
34% de lo planeado.
Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de
terceros, ambas conductas agravadas.
Contratos de contabilidad ‘amañados’
Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó
y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de
contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el
trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató
que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una
consultoría.
La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Obras con retrasos, inconclusas o inutilizadas en Santa Marta
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para
presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y
actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de
audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de
detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al
descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos.
Para la Fiscalía, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración
de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto,
jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público. Los casos son:
1. Posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración
de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción
de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se
determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero
recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció
que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.
La Fiscalía imputará al señor Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
2. El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento
Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de
pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de
más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.
Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron
suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de
diciembre de 2022.
En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será
imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado
por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público
agravada.
3. La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un
contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y
cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado
un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos.
Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido
entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.
Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación
en favor de terceros.
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