Catorce de 38 pensionados del distrito, han muerto en la espera del reajuste pensional a que tienen derecho

El caso pasa al Consejo de Estado que revisará una supuesta falsa Resolución que permitió levantarle la sanción a la alcaldesa. Con esa Resolución se desconoció un acuerdo sostenido entre el distrito y los pensionados, a instancias de la Procuraduría.

Catorce de los 38 pensionados del distrito que desde hace varios años libran una lucha jurídica para que les paguen el reconocido reajuste pensional a que tienen derecho, han muerto en la espera de ese recurso, con el que han esperado aliviar su situación económica y la de sus familiares.

Los 24 restantes ahora tienen la esperanza en que el Consejo de Estado les garantice la cancelación de lo adeudado, y que al mismo tiempo sean sancionados todos aquellos funcionarios que, de alguna u otra manera, desde la administración distrital se han opuesto a sus derechos.

Se recuerda que la alcaldesa Virna Johnson la sancionaron a varios días de arresto por no pagar esos dineros previamente acordado, liquidados y reservados presupuestalmente en la alcaldía del entonces alcalde Juan Pablo Diazgranados.

La mandataria fue beneficiada con una decisión de segunda instancia, amparada por una Resolución que al parecer carece de toda legalidad y que desconoce el acuerdo entre pensionados y la alcaldía, realizado a instancias de la Procuraduría General de la Nación.

Paradójicamente, en víspera de las elecciones territoriales Fuerza Ciudadana trae de paseo por Santa Marta a ancianos de distintas regiones del departamento, pero al mismo tiempo desconoce los derechos de los pensionados del distrito.