Para el Gobierno, la tercerización laboral ilegal es una especie de trampa o dumping social. Sin embargo, expertos y empresas advierten que con la medida podría satanizarse la contratación con empresas de servicios temporales.
A pocas semanas de navidad, cuando comienza la temporada de mayor trabajo en el comercio y en las empresas, el Gobierno está evaluando un decreto que limita la contratación a través de empresas de servicios temporales. El Gobierno dice que su objetivo es combatir la tercerización laboral ilegal y fomentar la formalización; sin embargo, expertos advierten que se está satanizando un tipo de empleo muy importante para el país.
Estamos hablando de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio del Trabajo, según el cual se pone un freno a la intermediación laboral ilegal en el país. Según el documento, ninguna empresa podría tener a más del 10 % de su personal contratado a través de empresas de servicios temporales, en ninguna de sus dependencias. Las empresas de servicios temporales podrían suministrar personal para reemplazar a quienes estén en licencia o vacaciones y para atender aumentos de la producción o las actividades, pero por un máximo de un año.
Las multas para quienes incumplan podrían superar los 7.100 millones de pesos por cada cargo y también hay sanciones como la suspensión de actividades; una herramienta que el Gobierno ha usado este año en compañías como Andrés Carne de Res y el Deportivo Pereira.
La medida en estudio contiene un listado de hechos que, para el Ministerio del Trabajo, son indicios de que existe una intermediación ilegal. Por ejemplo, que la empresa contratista no sea dueña del software o los equipos necesarios para hacer el trabajo, o que incumpla “sistemáticamente” con sus obligaciones contables, tributarias o legales.
“El propósito fundamental de la presente reglamentación es materializar el mandato constitucional del trabajo en condiciones dignas y justas, garantizando la aplicación efectiva del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales. La norma busca erradicar las prácticas de intermediación laboral ilegal y tercerización fraudulenta que, bajo el ropaje de figuras civiles o comerciales, precarizan el empleo y vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores”, señala el Gobierno.
Para el Gobierno, la única forma admitible de tercerización laboral es la que ocurre cuando las empresas deciden especializarse en determinadas áreas de negocio. Sin embargo, el suministro de personal es algo que está viendo como una trampa, al punto de referirse a esta estrategia como ‘competencia desleal’ o ‘dumping social’.
Las críticas a los nuevos límites a la tercerización laboral
Cuando el Gobierno presentó su primera versión de reforma laboral hace más de dos años, la intención original era prohibir la intermediación laboral y el papel que hoy tienen las empresas de servicios temporales. Ese espíritu inicial está ahora en esta propuesta de decreto.
Para Carlos Felipe Vargas, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Trabajo, la medida está excediendo los límites de lo que se puede hacer por decreto y, además, está satanizando el uso de empresas de servicios temporales en una de las épocas más importantes del año.
“Normalmente, temporadas como diciembre, enero y demás, tienen, o madres o reyes, tienen incrementos en la producción. Entonces, lo que hacen las empresas es contratar a través de servicios temporales a muchos trabajadores para ese tipo de temporadas. Y a veces contratan más del 10 %, a veces pueden ser el 20 %, el 30 %, porque depende del tipo de empresa. Y proscribirlo de esta manera, pues, impide totalmente el avance o la manera de manejarse a través de servicios temporales”, advirtió Vargas.
