La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Marco Tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026, podría traducirse en aumentos en las tarifas que pagan millones de usuarios en Colombia.


Según el gremio, aunque el Gobierno Nacional ha presentado la nueva metodología como una herramienta para reducir los costos del servicio, la realidad sería distinta. Andesco explicó que las empresas venían operando con costos de referencia calculados con precios de 2014 y ahora deberán actualizarlos con valores de 2024 y 2025, situación que, en la práctica, presionaría al alza las tarifas.

La organización señaló además que el nuevo marco impone nuevas obligaciones para los prestadores, entre ellas inversiones ambientales, planes de sostenibilidad, gestión del riesgo, obras de infraestructura y metas más exigentes en la reducción de pérdidas de agua, aspectos que requerirán mayores recursos económicos.


El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, afirmó que el país necesita una reforma tarifaria, pero cuestionó la manera en que fue implementada. El dirigente aseguró que el proceso se adelantó sin el rigor técnico, la seguridad jurídica y el tiempo suficiente para que las empresas pudieran adaptarse sin afectar a los usuarios.


Ante este panorama, el gremio presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión provisional de la Resolución CRA 1032 de 2026. Andesco argumenta que el texto definitivo de la norma no coincide con el proyecto inicialmente sometido a participación ciudadana y que el plazo de implementación, de apenas tres meses, resulta insuficiente frente a los periodos de transición de entre nueve meses y un año que se otorgaron en marcos tarifarios anteriores.


El gremio insistió en que su acción judicial no busca eliminar el nuevo esquema tarifario, sino garantizar que su implementación se haga de manera ordenada, con reglas claras, seguridad jurídica y sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas ni la continuidad y calidad del servicio para los usuarios.