El gobierno de Venezuela cuestionó la decisión adoptada por Washington el pasado 18 de febrero de 2026, que renueva la denominada “emergencia nacional” que mantiene Estados Unidos sobre ese país desde 2015. La decisión mantiene vigente la Orden Ejecutiva 13.692, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la que se declaró una emergencia a partir de la situación de crisis en Venezuela y se abrió el camino para la aplicación de fuertes sanciones financieras en los años posteriores.
En esa Orden Ejecutiva se declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, las autoridades venezolanas sostienen que esta medida fue concebida sin justificación real y bajo argumentos que, a su juicio, se apartan de la verdad y del derecho internacional. Además, recalcan que, once años después de su adopción, no existe ningún hecho que sustente la permanencia de esa calificación.
El Gobierno de Venezuela afirmó que el país no representa ninguna amenaza para el pueblo ni para el gobierno de Estados Unidos ni para ninguna otra nación, y advirtió que la continuidad de este tipo de decisiones solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los vínculos históricos, culturales y humanos entre ambos pueblos.
