*2025: el peor año en seguridad y orden público en Colombia en la última década*
Por: @YamiPeriodista
Colombia atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de seguridad y orden público. Las cifras oficiales, los reportes humanitarios y los análisis de medios nacionales e internacionales coinciden en un diagnóstico preocupante: 2025 se perfila como el año más violento de los últimos diez, tanto en impacto sobre la Fuerza Pública como sobre la población civil.
Durante los primeros nueve meses del año, el país registró más de 10.000 homicidios, según datos del Ministerio de Defensa. La tendencia ya supera los promedios de años anteriores y deja un balance especialmente doloroso para la institucionalidad: más de 140 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados, una cifra que duplica la del año pasado y que es considerada la más alta en una década. A esto se suman los 182 uniformados heridos en ataques, emboscadas y acciones de grupos armados ilegales.
El secuestro, un delito que en algún momento estuvo a la baja, también muestra un repunte dramático. Entre enero y septiembre se reportaron 121 casos, un incremento del 61 % frente a 2024. La mayoría de estos hechos ocurrieron en zonas donde hay fuerte presencia de disidencias, grupos residuales y estructuras del narcotráfico.
Pero quizá donde el deterioro es más evidente es en el impacto sobre la población civil. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una de las fuentes más respetadas en seguimiento humanitario, advirtió que 2025 está camino a convertirse en “el peor año en la última década” en términos de afectación por el conflicto. Solo entre enero y mayo, 524 personas fueron víctimas de artefactos explosivos —un aumento del 145 %— y 85.760 personas permanecieron confinadas en trece departamentos, lo que representa un incremento del 169 %.
Estos datos han sido citados por medios internacionales como The Guardian, Le Monde y Reuters, que han alertado sobre el avance territorial de grupos armados ilegales, la intensificación de ataques en ciudades como Cúcuta, Cauca, Valle del Cauca, entre otros; y el impacto de nuevas modalidades violentas, entre ellas el uso de drones, explosivos improvisados y acciones coordinadas contra estaciones policiales.
Analistas coinciden en que esta escalada responde a varios factores: disputas por rentas ilícitas, aumento del narcotráfico en zonas de poca presencia estatal, reacomodamiento de estructuras armadas y una política de diálogo que, aunque busca la pacificación, no ha logrado frenar el crecimiento de la violencia en la mayoría de territorios.
El Gobierno, por su parte, asegura que ciertos delitos como la extorsión muestran reducciones y que se han evitado pagos millonarios gracias a operaciones de la Policía y el Gaula. También insiste en que los homicidios tuvieron una leve baja en los primeros meses del año, aunque las cifras acumuladas terminan mostrando un panorama muy distinto al cierre del tercer trimestre. En ciudades de la Costa estos dos delitos son una pesadilla que se sale de control tras cada día que pasa.
Con múltiples regiones afectadas, comunidades confinadas y una Fuerza Pública golpeada, el 2025 deja en evidencia una tensión de fondo: la necesidad urgente de recuperar el control territorial, garantizar la seguridad ciudadana y avanzar hacia soluciones que realmente reduzcan la violencia.
En medio de este escenario, el país enfrenta un desafío mayor: impedir que esta tendencia marque un retroceso histórico y que la población continúe cargando con el peso de un conflicto que, lejos de apagarse, se está transformando y expandiendo.
