Colombia vuelve a amanecer de luto. El atentado contra un batallón del Ejército en zona rural de Aguachica, Cesar, deja un saldo doloroso de seis militares muertos y 31 heridos, en un ataque atribuido al ELN, ejecutado con explosivos y drones, una modalidad que evidencia el fortalecimiento criminal de los grupos armados ilegales.
Más allá de la condena y la solidaridad con las familias de las víctimas, este hecho obliga a una reflexión de fondo: ¿quién responde por la seguridad del país?
La Constitución es clara: el presidente de la República es el máximo responsable del orden público y la seguridad nacional. Sin embargo, los hechos demuestran que mientras los grupos armados ganan terreno, capacidad y osadía, el Estado parece reaccionar siempre tarde.
La llamada “paz total”, bandera del actual Gobierno, hoy deja más preguntas que respuestas. No se trata de oponerse a la paz —nadie sensato lo haría—, sino de advertir que la falta de carácter, control y condiciones claras en los diálogos ha terminado enviando un mensaje peligroso: el de la permisividad frente al delito.
