Unas 300 familias cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron públicamente al Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al considerar que las actuaciones de estas entidades están generando el primer gran conflicto social entre comunidades campesinas e indígenas en la región.


Los productores de café aseguran que resoluciones y acuerdos relacionados con la reforma agraria han sido expedidos “a espaldas de los cafeteros” y están afectando a familias que llevan entre 50 y 80 años cultivando la tierra en Palmor, considerada la capital cafetera del Caribe colombiano.


“Nos están tratando como despojadores cuando somos víctimas del abandono estatal. Somos campesinos que hemos trabajado la tierra durante generaciones y hoy sentimos que el Estado nos quiere sacar de ella”, expresó uno de los líderes de la comunidad, quien pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad.


Denuncias de los productores


Los campesinos aseguran que han sido víctimas de estigmatización y revictimización por parte de algunos funcionarios de la URT, quienes, según afirman, los han señalado como “opositores de la paz” y un supuesto obstáculo para los derechos de las comunidades indígenas, situación que, advierten, los expone ante grupos armados ilegales.


También denuncian que las medidas cautelares y procesos de restitución han paralizado créditos, asistencia técnica y la comercialización del café, ocasionando pérdidas económicas y afectando las cosechas correspondientes a los años 2025 y 2026.


Asimismo, aseguran que en algunos expedientes judiciales se han consignado afirmaciones que consideran injuriosas y calumniosas, afectando a mujeres, niños y adultos mayores que cuentan con escrituras públicas anteriores a 1991.


Los productores afirman, además, que enfrentan un “desplazamiento forzado por vía jurídica”, al considerar que existen acciones encaminadas a desalojarlos de sus predios sin que, según ellos, se aplique el principio de buena fe exenta de culpa establecido en la Sentencia SU-288 de 2022.


Piden cambios e investigaciones


En un documento suscrito por 151 productores, la comunidad solicita al Gobierno Nacional el relevo del ministro de Agricultura y de los directores de la URT y la ANT, con el propósito de que se revisen las actuaciones que, a su juicio, han vulnerado los derechos de las familias campesinas de la Sierra Nevada.


Igualmente, pidieron investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que, por acción u omisión, habrían permitido la presunta vulneración de derechos fundamentales de los productores de Palmor.


La solicitud se dirige de manera específica contra José Humberto Torres Díaz, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, a quien señalan de promover políticas que, según su criterio, han generado división, desplazamiento y desigualdad en el territorio.


Los denunciantes afirman que existe un trato discriminatorio hacia las comunidades campesinas y sostienen que en los