Por: Odín Vitola
Sin embargo, para la Contraloría Departamental no pasó nada y ordenó el archivo de la investigación fiscal. Con base en lo anterior, el Comité de Veeduría Unidos por el Municipio solicita desarchivar la investigación.
Fueron 2 mil 988 los contratos que, suscritos por el Hospital San Rafael de Fundación en la gobernación de Carlos Caicedo Omar, no fueron montados en la plataforma SECOP II. Es decir, fueron ocultados en una acción contraria a lo que establecen las normas para la contratación pública.
Pese a la irregular situación ocurrida más exactamente en el año 2.023 y denunciada formalmente mediante la PQRSD con el radicado 20251024, la Contraloría General del Departamento decidió archivar la investigación fiscal, con el argumento de que no “existía daño fiscal cierto, presente y cuantificable”.
En consecuencia, y en atención a que con dicho ocultamiento de una información que debe ser pública vulnera o incumple lo establecido en la Ley 1712 de 2.014, y la Ley 80 de 1993, que dan cuenta de la transparencia y acceso a la información pública, la veeduría “Unidos por el Municipio” solicita que la investigación sea desarchivada, con el propósito de que sean establecidas las claridades del caos, y las responsabilidades a que haya lugar.
Cabe precisar, que la auditoría fue realizada por la misma Contraloría, lo que deja en evidencia la contradicción de archivar el caso, luego de su propio hallazgo encontrado.
