En medio de la polémica por presuntas irregularidades, la empresa Cardiovida Santa Marta S.A.S. emitió un comunicado en el que rechaza de manera contundente lo que califica como versiones “falsas, tergiversadas y malintencionadas” sobre su relación contractual con el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.


La entidad señala directamente a la gobernadora Margarita Guerra, al exgobernador Rafael Martínez y a la actual gerente del hospital, Nora Anillo, de emitir afirmaciones que, según Cardiovida, rayan en la calumnia y la injuria.



De acuerdo con el comunicado, el origen del contrato se remonta a 2018, cuando el propio hospital reconoció no tener la capacidad técnica, estructural ni financiera para atender la creciente demanda en servicios de cardiología y cirugía cardiovascular. Ante esta situación, se optó por una alianza con el sector privado.

Cardiovida asegura que fue seleccionada mediante convocatoria pública y que asumió la totalidad de la inversión, que superó los 9.200 millones de pesos, destinados a infraestructura, equipos biomédicos de alta tecnología y personal especializado, sin aporte económico del hospital.


Uno de los puntos clave de la defensa es que el modelo del contrato no representaba riesgo para el centro asistencial. Según la empresa, el hospital no invirtió recursos, pero sí recibió beneficios económicos, entre ellos el 10 % de la facturación del servicio, ingresos por concepto de usufructo mensual y pagos adicionales por servicios como energía, agua y esterilización.


En cifras, Cardiovida sostiene que el hospital recibió miles de millones de pesos durante la vigencia del contrato, mientras la empresa asumía los costos operativos en su totalidad, incluyendo nómina, insumos, medicamentos y mantenimiento.

Además, enfatiza que los procesos de facturación, recaudo y comercialización eran responsabilidad exclusiva del hospital, por lo que cualquier falla en estos procedimientos no puede ser atribuida a la empresa privada.


En el documento, Cardiovida también rechaza cualquier vínculo político y asegura que durante seis años se enfocó en prestar un servicio especializado que el hospital no estaba en capacidad de ofrecer.


Finalmente, la entidad exige a las autoridades y directivos actuales que cesen los señalamientos que considera irresponsables y advierte que no permitirá que se le utilice como “chivo expiatorio” de posibles fallas internas del sistema de salud.