Por : Odín Vitola
Con ponencia de la magistrada María Victoria Quiñones Triana, el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena ha fijado para este 17 de marzo del año en curso, la inspección judicial que determinará conceder o no las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, dentro de la Acción Popular que busca de las autoridades administrativas del orden local, regional y nacional, frenar la erosión fluvial a la altura del corregimiento Guaimaro, en zona rural de Salamina.
Para darle cumplimiento a la diligencia, el Contencioso ha corrido traslado a las partes, en este caso puntual al demandante, Jun Carlos Pineda Roldán, como también a las partes demandadas: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente.
A esta Acción Popular han sido vinculadas las siguientes entidades: el Municipio de Salamina, el departamento del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, los Ministerios de Transporte y de Hacienda y Crédito Público, e igualmente el Departamento Nacional de Planeación, la Sociedad Consultorías y Constru-sion S.A.S.
“Si bien la parte demandante alega la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la erosión del rio Magdalena que afecta al corregimiento de Guáimaro, en Salamina, lo cierto es que, para adoptar una decisión de fondo sobre la cautela, se requiere verificar previamente las condiciones actuales del predio y la naturaleza del riesgo alegado”, dice en sus considerandos el Contencioso, y fija la fecha antes mencionada para la diligencia convocada.
