Como si fuera poco, afirma que la alcaldía no le permite hacer obras, para formar un escándalo y sacar provecho electoral. También habría una falsedad con una autorización para ejecutar obras, cuyo original no aparece y si aparece, estarían vencido
El escándalo armado por la administración departamental en cabeza de la gobernadora encargada, Íngrid Padilla García, con el argumento de que desde la alcaldía distrital le sabotean la realización de obras de interés para la comunidad residente cerca al Líbano 2.000, se le convierte en un bumerang, que puede llevar a la Cárcel a la mandataria antes mencionada.
Y es que la Gobernadora destina recursos públicos para invertirlos en bienes privados. Es decir, en un predio que es propiedad privada de la firma LCM Agroindustrias, que tiene su sede principal en la ciudad de Barranquilla, pero que desde el 2.021 presentó una querella en el entonces gobierno de Virna Johnson Salcedo, para que le ampararan su derecho a la propiedad privada, tras ser invadido.
Quienes por la fuerza están al frente de las indebidas obras, consistente en la instalación de tuberías para alcantarillado y la posterior pavimentación, le mostraron al Inspector de Control Urbano de la Planeación Distrital, una autorización para hacer dicha intervención, con fecha de 2.022, pero cuyo original no aparece por ninguna parte y, en caso de aparecer, estaría totalmente vencido, según le dijo a esta casa radial una fuente de entero crédito.
En consecuencia, en las próximas horas el caso será denunciado ante la Fiscalía, para que a través de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, conozca del caso, adelante las investigaciones y establezca responsabilidades en lo que sería otro escándalo de corrupción en que estarían incursos líderes de Fuerza Ciudadana.
