Por : Odín Vitola
En una clara confirmación de lo que sectores políticos en esta sección del país habían advertido con anterioridad, la gobernadora encargada del Magdalena, Ingris Padilla García, le tuerce el cuello a la democracia al direccionar recursos públicos de los magdalenenses, hacia la campaña proselitista de la organización política a la que ella pertenece.
Por esa razón, y con prueba en mano, el candidato a la gobernación Rafael Emilio Noya García, eleva la denuncia pública a través de los medios de comunicación y ante los órganos competentes, caso Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, con el propósito de que sean establecidas las responsabilidades del caso, pero al mismo tiempo para que la mandataria encargada sea separada de los temas electorales y sea designado un gobernador ad hoc.
Algunos sectores sociales y políticos de esta región van más allá y piden la inmediata renuncia de la señora Ingris Padilla, por sus indebidas acciones, que en nada brindan garantías a un proceso que debe ser imparcial, transparente y democrático.
Noya García, en rueda de prensa, demostró que los impuestos correspondientes a Sayco y Acimpro de la campaña de la candidata María Guerra, fueron pagados con recursos públicos y son revisados otros pagos realizados durante la campaña.
Entre tanto, y como es su costumbre, el jefe de la organización “Naranja”, el ex gobernador Carlos Caicedo, investigado por corrupción y como supuesto determinador de los homicidios que enlutaron a la Universidad del Magdalena, se muestra como víctima, cuando en realidad es el victimario de que lo que algunos llaman el asalto político a la democracia.
Se espera que en las próximas horas exista un pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, o en su defecto del ministro del Interior, Armando Benedetti, encaminados a brindar las garantías que requieren las elecciones atípicas.
