La fuerte oposición de la comunidad del corregimiento de Taganga a que se instalara en su jurisdicción una planta desalinizadora para aliviar el desabastecimiento de agua potable en la ciudad, ha conllevado al gobierno nacional a dar un revés en la iniciativa, según ha informado el diario capitalino El Tiempo, con base en un informe de la viceministra de agua y saneamiento básico, Ruth Quevedo Fique.

En consecuencia, el aporte del gobierno nacional será solo de una de esas plantas, que operaria desde el barrio Pescaíto y desde allí enviaría el preciado líquido al sistema de acueducto del Distrito, que igualmente atiende a la comunidad de la ensenada turística.

“El anuncio pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del proyecto y redefine la estrategia que busca resolver uno de los problemas más sensibles para Santa Marta: la falta de agua potable suficiente para atender la demanda de una ciudad que sigue creciendo y que cada temporada turística enfrenta una presión mayor sobre su sistema de acueducto”, dice textualmente uno de los apartes del informe periodístico.

Lo paradójico del caso es que el presidente Petro siempre buscó la forma de que esas plantas quedaran en zonas populares y no estratos altos, y precisamente Taganga es uno de esos sectores del Distrito, deprimido si se quiere, pero los lugareños le dijeron no.