¿Gravísimo prevaricato?

La Procuraduría General de la Nación avanzó en una investigación disciplinaria contra el juez Carlos Alberto Villalba del Villar, del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, al considerar que habría incurrido en una falta gravísima al asumir competencias que no le correspondían durante el proceso electoral de 2023.

Según el organismo de control, el funcionario judicial tramitó y falló una acción de tutela que derivó en la inscripción de Jorge Agudelo como candidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana, pese a que no existía un acto administrativo definitivo que autorizara dicho reemplazo.

La tutela fue presentada por Javier Yepes Conde, un tercero que, de acuerdo con la Procuraduría, no era el directamente afectado por la situación jurídica, lo que ya generaba cuestionamientos sobre la procedencia de la acción. Aun así, el juez ordenó a la Registraduría Especial de Santa Marta realizar la inscripción del aspirante, en un contexto en el que la candidatura inicial de Carmen Patricia Caicedo Omar había sido revocada por el Consejo Nacional Electoral, decisión que aún estaba sujeta a recursos.

El Ministerio Público resaltó que, para ese momento, decenas de tutelas similares ya se encontraban en trámite ante el Tribunal Superior del Magdalena, instancia que había negado medidas provisionales con el mismo propósito, al considerar improcedente la inscripción de un nuevo candidato por esa colectividad.

Pese a ese panorama, el juez Villalba del Villar adoptó una decisión de manera acelerada, lo que, según la Procuraduría, alteró el desarrollo normal del proceso electoral, desconoció el fenómeno de las llamadas tutelas masivas y vulneró normas elementales sobre competencia judicial, especialmente porque el caso involucraba a entidades de orden nacional.

El órgano de control fue enfático en advertir que el juez no tenía competencia para conocer este tipo de acciones constitucionales y que, dada su formación y experiencia, era plenamente consciente de esa limitación, lo que permitiría calificar su actuación como dolosa y de especial gravedad.

Además de la conducta del juez, la Procuraduría también analiza el actuar de otros funcionarios judiciales, entre ellos servidores encargados del reparto de tutelas y miembros de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, por posibles irregularidades en el manejo de las acciones presentadas durante el proceso electoral.

Con base en los elementos recopilados, el Ministerio Público solicitó que el proceso avance a la formulación de cargos disciplinarios, al considerar que existen pruebas suficientes para continuar con la investigación y establecer eventuales responsabilidades.