Por: Ana Pineda
El Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto conocido como la “Ley del PIN”, una iniciativa que busca modernizar los sistemas de autenticación digital en el país y reducir el creciente número de fraudes electrónicos. La propuesta consiste en crear un PIN único, gratuito y permanente para cada ciudadano, que serviría como llave oficial para acceder a servicios públicos y, potencialmente, a plataformas privadas como bancos y entidades financieras. Con este mecanismo, el Gobierno pretende unificar los procesos de ingreso a trámites digitales y disminuir la vulnerabilidad que existe hoy por el uso de múltiples contraseñas débiles o repetidas.
El Ministerio de Tecnologías de la Información aseguró que esta medida acercaría al país a estándares internacionales de seguridad, al tiempo que beneficiaría a millones de colombianos que diariamente deben recordar numerosas claves para completar trámites en línea. Según cifras oficiales, más del 40% de los procesos virtuales presentan algún grado de exposición a ataques debido a sistemas de autenticación desactualizados. El PIN único estaría vinculado directamente al sistema nacional de identidad digital y operaría bajo estrictos protocolos de verificación para evitar su clonación o uso indebido.
Aunque el proyecto ha recibido respaldo por parte de sectores que ven en la propuesta un avance necesario para la transformación digital del país, también ha generado inquietudes. Expertos en derecho y seguridad informática advierten que la centralización de un único PIN podría representar nuevos riesgos si no se establecen mecanismos sólidos de protección y auditoría. Organizaciones civiles han solicitado claridad sobre la gestión de datos personales, los tiempos de implementación y las responsabilidades en caso de fallos de seguridad.
El Congreso iniciará la discusión del proyecto en las próximas semanas, con la participación de especialistas, representantes del sector financiero y defensores de derechos digitales. El Gobierno espera que la ley sea aprobada antes de finalizar el año para comenzar un plan piloto en 2026. Mientras avanza el debate, la llamada “Ley del PIN” ya despierta expectativas en una ciudadanía que depende cada vez más de los servicios digitales y que demanda herramientas seguras, simples y accesibles para su vida diaria.
