Un juez ordenó la suspensión provisional del proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), valorado en más de $78.000 millones, sobre el que había advertido el presidente electo Abelardo De La Espriella.


Según un comunicado de su equipo de prensa, la decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mientras se estudian las acciones judiciales relacionadas con el caso. El gobierno entrante reiteró su llamado a que la UNP acate la medida y garantice el acceso a toda la información del proceso.


De La Espriella aseguró que mantendrá vigilancia sobre los contratos y nombramientos de última hora, insistiendo en que la transparencia será una prioridad desde el inicio de su administración.