Por: William García / Columnista


A la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo de Estado, a los medios de comunicación, a las víctimas y a la opinión pública:


¿Cuántos procesos más son necesarios para comprender un patrón?


La administración de justicia está llamada a decidir cada proceso con independencia, imparcialidad y sobre la base de las pruebas que obran en el expediente. Sin embargo, también es legítimo que la sociedad se pregunte si, cuando una misma persona aparece de manera reiterada vinculada a investigaciones y procesos por hechos de extrema gravedad, las autoridades están valorando adecuadamente el contexto y el eventual patrón de conducta que dichos antecedentes podrían revelar, siempre dentro de los límites que fija la ley.


En el caso de Carlos Caicedo, durante cerca de tres décadas se han conocido investigaciones, denuncias y procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción, homicidio, delitos contra la administración pública y otros episodios de alta gravedad.


Hoy, además, enfrenta un proceso relacionado con presuntos delitos sexuales en al menos cinco mujeres con relatos espeluznante siendo funcionarias de las administraciones de su grupo político en alcaldía o gobernación , y, contra una menor, y no es cualquier menor, estamos hablando de ocho añitos cuyos relatos de su señora madre son abominables, caso gravísimo de Pederasta , un caso que ha generado profundo rechazo e indignación nacional y que, de comprobarse judicialmente, representaría una de las formas más graves de violencia contra la infancia. De resultar ciertas , esa niña estará marcada y condenada de por vida con las imágenes en su cabecita


La preocupación ciudadana no radica únicamente en cada expediente considerado de forma aislada, sino en la sucesión de hechos que, desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad, han llevado reiteradamente el nombre de Carlos Caicedo a los estrados judiciales.

Desde su paso por el denominado Plan Torniquete surgieron graves cuestionamientos públicos. En ese contexto se produjo la muerte del ciudadano de apellido Polo, quien había denunciado presuntas irregularidades relacionadas con dicho programa. Años después, en 1998, fue expedida una orden de captura contra Carlos Caicedo dentro de investigaciones de la época. Corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales establecer el alcance jurídico de esos hechos y las responsabilidades que eventualmente existan.


Posteriormente, los procesos por homicidios de los que también le expideron órdenes de captura por fiscales de los casos pero suspendidas por órdenes superiores , además presuntas irregularidades en la contratación pública, especialmente aquellos relacionados con su rectoría , su alcaldía y gobernación , así como otros expedientes conocidos por distintas autoridades judiciales, han mantenido vivo un debate que trasciende lo político y se ubica en el terreno estrictamente penal.

Por ello resulta razonable preguntar si la valoración judicial debe limitarse al estudio fragmentado de cada proceso o si, conforme a los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para valorar antecedentes, contextos y patrones cuando ello sea legalmente procedente, también corresponde examinar si existe una conducta reiterada que permita comprender integralmente la dimensión del riesgo que representa el procesado.


La presunción de inocencia es válida , pero, eterna? Debería existir como para aplicar en estos casos y guardar equilibrio , La Presunción de Culpabilidad . La presunción de inocencia constituye un derecho fundamental que debe respetarse en todo Estado de Derecho. Pero también lo son los derechos de las víctimas, la protección de los menores de edad, el deber estatal de prevenir nuevos delitos y la obligación de garantizar que las decisiones judiciales respondan al interés general y a la seguridad de la sociedad.


La ciudadanía espera por ejemplo que el fallo previsto para el próximo 29 por los casos de los puestos de salud , no sea observado como un expediente aislado, sino como una decisión adoptada con absoluta independencia, rigor probatorio y plena conciencia del enorme impacto que tiene sobre la confianza en la justicia colombiana.


Las víctimas merecen verdad, justicia y reparación. La sociedad merece instituciones fuertes. Y la justicia tiene hoy la oportunidad de demostrar que ninguna persona, por poderosa o influyente que sea, puede situarse por encima de la ley. Y Caicedo debería pedirle a los diferentes jueces y magistrados por dónde tiene repartidos sus procesos en etapas de juicio , investigación y otras con solicitudes de medidas de aseguramiento, q aceleren todas sus audiencias diariamente en un par de meses y salga de todas ellas , si de verdad no tiene nada que ver con cada caso...