El fallo del Contencioso que ordena bajar a 1.800 pesos el transporte público colectivo en el Distrito, afectará al SETP

El SETP lo recibió Fuerza Ciudadana financiado y listo para ejecutar, pero hoy lo tiene desfinanciado y ejecutado en un 40%. Se trata de un desastre por el mal manejo de los recursos por el entonces alcalde Rafael Martínez, hoy con aspiraciones políticas. Caicedo pudo ejecutar el SETP en 3 años y no lo hizo. Martínez y Virnan completan 11 años y tampoco lo hicieron. Desesperada está Fuerza porque su máximo jefe, Carlos Caicedo, no puede avalar candidatura por su condición de gobernador.

Por: Odin Vitola Lerma 

La decisión de la justicia contenciosa administrativa que le ordena a la alcaldía distrital de Santa Marta rebajar a 1.800 pesos el servicio de transporte público colectivo en la ciudad, deja aún más desfinanciado al proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, que pudo haber ejecutado, en los 3 años que tenía estipulado, el entonces alcalde y hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.

Para el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, con ponencia de la magistrada sustanciadora Maribel Mendoza Jiménez, queda claro que en su último día de mandato el alcalde Rafael Martínez mediante la expedición del Decreto 544 del 31 de diciembre de 2.019, estableció una incremento en el costo del pasaje del 11%, 8 puntos por encima de lo que podía hacerlo. Es decir, de sólo el 3%.

Ese incremento estaba basado en unos estudios ordenados por el SETP que no era competente para ello y no tenían, esos estudios, soportes técnicos ni financieros. Como si fuera poco, era la alcaldía la que por competencia tenía que liderar dichos estudios, que hoy bajo directrices del SETP son ilegítimos. En síntesis, con los estudios del SETP Rafael Martínez ilegítimamente incrementó sin un estudio de costos el servicio de transporte público colectivo en Santa Marta y horas después dejó la alcaldía y se fue para su casa como si nada hubiera hecho.

Fue entonces cuando el conocido abogado Jorge Iván Sánchez López, acérrimo defensor de los intereses de la ciudad -hoy en un alto cargo en la Contraloría del Magdalena-, presentó la demanda de nulidad simple contra el Distrito de Santa Marta y la Secretaría de Movilidad. El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta en su fallo le dio la razón a Sánchez López.