El 2023 se denunciaron 10.263 casos de extorsión en el país

Según las estadísticas que maneja el Ministerio de Defensa, esta es la cifra más alta de incidencia de este delito en los últimos 20 años. Los gremios productivos piden al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar su integridad y el derecho a la libre empresa.

Una de las denuncias más frecuentes que se formulan contra los grupos armados al margen de la ley, son los hechos relacionados con la extorsión. Esta circunstancia ha sido puesta de presente en muchos escenarios por actores de la opinión y la cosa pública.

De acuerdo con el porta La Silla Vacía, en el 2023 fueron denunciados 10.263 casos, cifra que de acuerdo con las estadísticas oficiales que maneja el Ministerio de Defensa, es la más alta registrada en la últimas dos décadas.

Esta actividad delictiva afecta duramente a ganaderos, empresarios del campo, transportadores de carga, contratistas del Estado y hasta tenderos: todos por igual deben pagar una cantidad determinada de dinero para poder ejecutar su actividad económica, so pena de ser objeto de atentados.

Los principales responsables de esta actividad, teniendo en cuenta las denuncias, son: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central (EMC), Clan del Golfo y bandas criminales de carácter local. Varias de estas organizaciones se encuentran en distintas fases de un diálogo de paz con el Gobierno Nacional, no obstante, hay regiones del país donde no han cesado los combates por el control territorial y las rentas producto de actividades ilegales como el narco y microtráfico.

Algunos empresarios del campo están al borde de la quiebra por cuenta de esta situación, tanto así, que en varios departamentos de la Costa los ganaderos empezaron a abandonar sus haciendas por lo insostenible que se ha vuelto el trabajo, dada la presión de estructuras armadas, algunas de ellas sentadas en un proceso de paz, la cual parece estar solo en los papeles y acuerdos que firman al final de cada ronda y los discursos del presidente y sus funcionarios.

Un agroempresario del Huila, víctima de la extorsión, narró a La Silla Vacía cómo ha sido su experiencia: “Arrancó como si fuera ayer. Empezó con lo de siempre, le mandan a su casa un panfleto o una boletica en papel para que vaya a algún lado. Si no asiste le mandan otra como: ‘póngase las pilas’. Y ya cuando usted va o manda un mensajero con la plata le dan un ‘paz y salvo”. La última vez que él y su familia tuvieron que desembolsar dinero fue en septiembre de 2022.

Más adelante, la misma fuente, a la que llaman Andrés por razones de seguridad, precisa que son tantas las personas a las que les envían las boletas, que se aglomeran en un sitio específico al estilo de los que reclaman subsidios.

“Eso es un negocio imposible de acabar. Hay un sitio que se llama la Cabaña, en Tello (Huila). Ahí ve uno la cola de gente yendo a llevar la plata todos los días: tres, cuatro, cinco, diez, veinte, cuarenta millones de pesos. Todos los días”, explicó la víctima al portal.

La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto entre el sector económico y productivo del país. Hay denuncias públicas de la incidencia de esta actividad ilícita en casi todos los departamentos: lo único que algunas veces cambia es el nombre de la organización victimaria.