Se molesta el ex alcalde Rafael Martínez porque el Distrito contrata abogados para defender los recursos públicos.
Cuestiona el contrato con el supuesto que escuelas del deporte, instituciones educativas y el agua necesitan recursos.
El ex alcalde de Santa Marta y actual gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, ha expresado públicamente por redes sociales sus molestias porque el Distrito ha contratado los servicios de un abogado para defender sus recursos e intereses, presuntamente mal manejado en gobiernos anteriores, entre ellos su administración entre los años 2.016 – 2.019.
Y el cuestionamiento lo hace el ex mandatario con el supuesto exceso en el gasto de los recursos públicos para lanzar una ofensiva contra el movimiento político Fuerza Ciudadana, cuando la ciudad requiere inversión en el tema del agua potable, en las escuelas del deporte e Instituciones educativas.
El gobierno de Pinedo Cuello ha contratado al bufet de abogado Quintana Valencia S.A.S., representado por el abogado Julián Quintana, quien es el representante de las víctimas de homicidio, vinculadas en ese entonces a la Universidad del Magdalena cuando era rector el señor Carlos Caicedo Omar.
El objeto de ese contrato, por 396 millones de pesos hasta el 31 de diciembre del año en curso - 49 millones de pesos mensuales-, Es para la prestación de servicios profesionales altamente especializados de asesoría jurídica, investigación forense, representación judicial y extrajudicial, capacitación y defensa técnica integral para el fortalecimiento de las actividades jurídicas que se requieran en materia penal en el Distrito de Santa Marta.
En su crítica, el ex alcalde Martínez olvida deliberadamente los más de 7 mil millones de pesos entregados en 12 contratos en las alcaldías de él y de su antecesor y jefe político, Carlos Caicedo, al señor León Valencia para la supuesta realización de estudios sobre seguridad y violencia en el departamento del Magdalena, con recomendaciones para las políticas públicas.
Esos contratos superan los siete mil millones de pesos, por una información que gratuitamente entrega periódicamente la Policía Nacional. A pesar de esos contratos, la seguridad jamás mejoró. Todo lo contrario, desmejoró notoriamente hasta el punto de incluir a Santa Marta en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Por: Odin Vitola
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