"Estado debe humanizar la política criminal para abordar adecuadamente el fenómeno de la criminalidad en el país", datos por día de las Mercedes

Si bien Colombia es un estado laico y pluralista, la conmemoración este 24 de septiembre de la fiesta de la Virgen de la Merced o de las Mercedes, patrona de los reclusos, es un llamado a revisar la política criminal del estado.

El director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario propone otorgar el derecho al voto a las personas privadas de la libertad que han sido condenadas y reconocerlas como actores políticos para reivindicar su dignidad como seres humanos.- 

El experto en criminología propone 5 estrategias para la humanización de la política criminalen el país.

Según el INPEC, al 16 de septiembre de 2024 el hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional era del 26,4 %.

La fiesta de la Virgen de la Merced o de las Mercedes, patrona de los reclusos, que se conmemora este 24 de septiembre, invita a reflexionar sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia.

Samuel Escobar, director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, recuerda que el país ha vivido y aún vive un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y centros de reclusión, que día a día materializa violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

“Normalmente cuando se piensa en este asunto lo primero que pasa por la mente es el hacinamiento carcelario, es decir, que existe una mayor población privada de la libertad que cupos al interior de los establecimientos carcelarios o centros de reclusión. 

Esto conlleva graves problemas de salud y sanidad alinterior de las cárceles, además que genera oportunidades para que se cometan distintos tipos de atropellosy actividades delictivas”, dijo el experto.

De acuerdo con los tableros estadísticos del INPEC, al 16 de septiembre de 2024 el hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional era del 26,4 %. “Dicho de otro modo, hay capacidad para 81.964 personas y se tiene una sobrepoblación de 21.661 reclusos, para un total de 103.625 personas privadas de la libertad”, explicó.

Sin embargo, el meollo del asunto no está en el hacinamiento carcelario, según Escobar, ya que este esapenas un síntoma de un problema mayor, puesto que en diferentes oportunidades distintos gobiernos han apuntado a la construcción de cárceles para aumentar los cupos.

“La historia se repite una y otra vez. Aumentan los cupos y por un momento parece reducirse el hacinamiento, pero vuelven a llenarse las cárceles en un país que no entiende cómo ocurre esto, de la mano con los altos índices de impunidad que denuncian las organizaciones internacionales”, resaltó el director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario.

Para Escobar, el epicentro del problema se encuentra en la política criminal del estado, la cual, tal como señaló la Corte Constitucional en el año 2015, “ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad”.

“Todos estos epítetos caben para la política criminal colombiana. El estado de manera sistemática haignorado las reiteradas evidencias empíricas producidas por la criminología nacional y extranjera sobre la inocuidad de los aumentos de penas para disuadir del comportamiento criminal, así como sobre lainsuficiencia de la cárcel para resocializar a las personas privadas de la libertad y su correlativa proclividadpara fomentar el comportamiento criminal”, explicó el académico.¿Por qué persistir en una estrategia que desde mucho tiempo atrás se ha demostrado incapaz para abordaradecuadamente el fenómeno de la criminalidad? Para Escobar, “la criminología ha postulado distintasexplicaciones sobre cómo la cárcel sí funciona, pero para fines distintos a los declarados. Por ejemplo, paracontrolar a ciertos sectores de la población. 

Después de todo, es innegable que, a lo largo de la historia, el castigo ha sido y aún es empleado como una herramienta de exclusión. Adicionalmente, el crimen toca fibras demasiado sensibles dentro de la sociedad y mueve al electorado. Casi siempre, las decisiones privilegian cálculos electorales sobre análisis sosegados en torno a sus implicaciones político-criminales”.

“No estoy abogando por la abolición general de las prisiones. Los crímenes merecen ser sancionadosproporcionalmente y los más graves deben implicar la privación de la libertad. 

El problema es que Colombiaha intentado resolverlo y gobernarlo todo mediante el derecho penal y la cárcel”, comentó el académico.

Recomendaciones para humanización de la política criminalIndistintamente del Gobierno y Congreso de turno, el director del pregrado en Criminología e InvestigaciónCriminal de la Universidad del Rosario propone 5 estrategias para la humanización de la política criminal:

1). Incrementar el uso de estrategias de prevención que no se limiten a la reducción de oportunidades ytambién ataquen las causas del delito.

2). Despenalizar ciertos delitos que impiden a la Fiscalía General de la Nación priorizar casos y quecongestionan al sistema judicial. Esto de la mano con un fortalecimiento del principio de oportunidad.

3). Aumentar el protagonismo de la justicia restaurativa que verdaderamente involucre a la personainfractora y a la persona afectada como forma de resolver los conflictos sin recurrir a la sanción penal.

4). Fortalecer las actividades encaminadas a la resocialización para aquellas personas que sí sean privadas dela libertad.

5). Sistematizar los esfuerzos para que la población pospenada pueda efectivamente reincorporarse a lasociedad.

Para Escobar, hay un último ítem que también debe abordarse, así resulte polémico. “Me refiero a otorgar elderecho al voto a las personas privadas de la libertad que han sido condenadas. 

Si votaran quizás susderechos no serían tan fácilmente ignorados, quizás más congresistas y gobernantes estarían interesados enescuchar sus reclamos. Si realmente pretendemos reivindicar su dignidad como seres humanos, debemos reconocerlos como actores políticos”.