Juez envió a la casa al sujeto que le confiscaron mil millones dentro de un carro en Santa Marta

Los argumentos expuestos por el abogado penalista Alex Fernández Harding, indican que este recurso no proviene de actividad ilícita, y comprobó que se iba a invertir en una construcción.
El Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, impuso medida de aseguramiento consistente en detección preventiva contra el hombre que fue retenido por la Policía Metropolitana, tras incautarle mil millones de pesos que transportaba a bordo de un vehículo en esta ciudad.  
La decisión de la juez de la causa cobija a Edwin Alberto Solano Batista, conocido como “El gordo”, al hallarle la razón a la defensa que pudo demostrar que el dinero no tenía relación con ninguna organización criminal, dejando sin sustento o desestimado la sindicación de la Fiscalía. 
De acuerdo al proceso judicial, en ese operativo, el director nacional de la Policía Nacional, general William René Salamanca, aseguró que en “desarrollo de la #OperaciónCaribe, en Santa Marta, capturamos a alias ‘El Gordo’, financiero de las Autodefensas de la Sierra, en cuyo poder hallamos $ 1.034.850.000 en efectivo”, afirmó el oficial.
Los argumentos expuestos por el abogado Alex Fernández Harding, radican en una denuncia dentro de la actuación judicial que no se trataba de mil tres millones de pesos como figura en el informe policivo, sino 1.320 millones, donde se pudo comprobar un faltante de 200 millones de pesos. 
“En la diligencia presenté a un empresario quien manifestó ser propietario de mil 320 millones de pesos que se invertirían en una construcción, por lo tanto, se elevó una denuncia por un faltante de 200 millones dentro del hallazgo, además ese dinero tiene absoluta documentación financiera y bancaria para justificarse”, expresó el profesional del derecho. 
En consecuencia, se pudo establecer en la diligencia judicial que el procesado, no pertenece a ninguna organización armada ilegal y mucho menos a las ACSN que delinque en Santa Marta. Lo anterior se comprobó tras no figurar en ninguna investigación penal y mucho menos presenta antecedente penal.  
A raíz de la denuncia, por la extraña desaparición de los 200 millones de pesos, los familiares del procesado recibieron amenazas de muerte.