La Procuraduría cuestiona la legalidad de la designación de ex jefes paramilitares como gestores de paz

Entre esos ex “paras” designados está Hernán Giraldo Serna, quien ejerció mando en las estribaciones de la Sierra Nevada

Para el Ministerio Público , en esas designaciones no sólo hay ausencia de objetivos claros, sino también revictimización.

Por: Odín Vitola

En ejercicio de su función constitucional de velar por el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos fundamentales, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre las inconsistencias legales de la Resolución No. 453 del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual el Gobierno nacional designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, entre ellos Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón” o “Señor de la Sierra Nevada”.

La Procuraduría advierte que esta decisión podría vulnerar los derechos de las víctimas del conflicto armado y, además, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 2272 de 2022.

Observaciones principales de la Procuradora General, Margarita Cabello:

Falta de claridad en cuanto al tipo de negociación o acercamiento: La resolución no precisa bajo qué supuesto del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 (negociaciones con grupos armados al margen de la ley para suscribir acuerdos de paz o para sometimiento a la justicia) se realizó la designación, generando incertidumbre jurídica sobre su validez.

Ilegitimidad de los gestores designados: Los designados no cumplen con las condiciones legales para representar a actores armados actuales. Además, no existe evidencia de que estos individuos hayan sido aceptados por dichos grupos. No son ni voceros ni miembros representantes.

Ausencia de objetivos claros: La resolución no define funciones específicas para los gestores de paz ni cómo sus acciones contribuirían a la reconciliación y la construcción de paz en el país.

Revictimización: La inclusión de personas con antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos, como Hernán Giraldo Serna, afecta la dignidad de las víctimas y contraría los principios de justicia transicional.