Declaratoria de día cívico afectaría términos y diligencias judiciales, lo que vulnerará derechos fundamentales de los presos.

A una de esas diligencias deberá comparecer, como testigo, el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, para esclarecer un homicidio

Por: Odín Vitola

La cuestionada declaratoria de día cívico de este martes 18 de marzo por parte del presidente Gustavo Petro, sólo para ejercer presión contra el Congreso de la República en su propósito de que le aprueben, sí o sí,  sus reformas laboral y a la salud, afectaría términos y diligencias judiciales, al tiempo vulneraría derechos fundamentales a muchos presos del país que están a la espera de que les sea resuelta su situación jurídica.

Una de las audiencias que podría ser suspendida, por ejemplo, para reprogramarse para una fecha indeterminada, es la relacionada con un caso de homicidio, en la que está previsto un interrogatorio al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, en condición de testigo.

Con la eventual suspensión no sólo se demoraría el esclarecimiento del caso, sino también afectaría el derecho fundamental a la libertad de quienes indebidamente están presos, lo cual sería causal de demandas de reparación directa.

Paralelo a lo anterior, se paralizarían trámites y diligencias de la administración pública, con serios e incalculables perjuicios para la población, según han reiterada enfáticamente algunos analistas del sector económico.