165.000 víctimas del conflicto armado son atendidas por Prosperidad Social en el Magdalena

Con el programa Familias en su Tierra se atienden actualmente más de 3.800 hogares.

Prosperidad Social se ha convertido en la entidad del gobierno nacional con brindar mayor atención vigente a 165.945 víctimas de desplazamiento forzado del Magdalena con programas de transferencias monetarias, y a 3.865 con el programa de atención integral con enfoque diferencial, Familias en Su Tierra, que tiene una inversión de más de 43.579 millones de pesos. 

La gerente regional de Prosperidad Social en este departamento, Liliana Escudero Mezquida, afirmó que, “Magdalena es uno de los departamentos que ha sufrido el flagelo del conflicto armado y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Prosperidad Social, trabajamos en la atención y reparación de las víctimas, aportando a su estabilización social y económica”. 

En Magdalena, 165.945 víctimas están siendo beneficiadas por los programas de Prosperidad Social. Con el programa Colombia Mayor se atienden 18.740 personas mayores, con la Compensación del IVA a 45.918 personas, a través de Renta Ciudadana se benefician 96.712 hogares y con Renta Joven a 4.575 participantes. Estas cifras reflejan el alcance de la política social del Gobierno Nacional en favor de las poblaciones más vulnerables del departamento. 

Aunque esa es la mayor parte del volumen de la inversión, otros programas más concentrados en la intervención integral han sido fundamentales para lo que la entidad aporta a la reparación y para el camino de transformación hacia las soluciones duraderas. Familias en su Tierra es un programa de atención integral, que en 2024 destinó más de 43.579 millones para acompañar a 3.865 hogares víctima de desplazamiento en su camino hacia la integración social y comunitaria, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos. 

El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.