¿Crítica legítima o amenaza a la institucionalidad? Una reflexión necesaria

Por: @YamiPeriodista
La reciente declaración del exgobernador del Magdalena, tras ser retirado del cargo por decisión del Consejo de Estado, enciende una peligrosa alarma para nuestra democracia. Más allá de su defensa personal, lo verdaderamente preocupante es el tono y la dirección de sus palabras: se acusa a la justicia de ser cómplice de “narco-clanes”, se minimiza una decisión jurídica como un simple “tecnicismo”, y se llama a “sacar” del Senado y de otras instancias del poder a quienes no están alineados con su movimiento político.
Este tipo de discurso no es menor. Cuando una figura pública desacredita abiertamente a las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley, se siembra desconfianza en la ciudadanía y se erosiona la base del Estado de Derecho. Es legítimo disentir, apelar, incluso manifestar inconformidad, pero no lo es alimentar la narrativa de que todo aquel que no nos favorece es parte de una conspiración corrupta.
¿Estamos dispuestos a permitir que se normalice esta forma de desacreditar a los jueces? ¿Queremos que los fallos judiciales se acepten solo si nos convienen? ¿Hasta dónde llega el derecho a la defensa y dónde comienza el peligro de una incitación al caos institucional?.
Entre otras, tendrá pruebas? Nuestra solidaridad con el Consejo de Estado y en general con la justicia del país.
Santa Marta y el Magdalena merecen líderes que construyan, no que incendien. El pueblo debe hablar, sí, pero también debe escuchar, cuestionar y reflexionar cuando quienes dicen representarlo comienzan a deslegitimar la justicia. Hoy más que nunca, defender la democracia implica no dejar pasar estos mensajes como si fueran simples desahogos. Porque detrás de las palabras hay intenciones. Y detrás de las intenciones, consecuencias.