Denuncian sistematicidad en asesinatos de mototaxistas en Santa Marta

La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar advierte que los crímenes no son hechos aislados, sino parte de una violencia planificada contra trabajadores informales. Su denuncia apunta a estructuras criminales que operan con impunidad y sin respuesta estatal.

Nueve mototaxistas asesinados en cinco meses. Esa es la cifra que la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar documentó en un hilo publicado recientemente tras revisar reportes de prensa y contrastar patrones de violencia en Santa Marta.

Su conclusión es clara: los crímenes no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de control social ejercida por estructuras armadas ilegales. “Entre el 28 de diciembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025 han sido asesinados al menos nueve mototaxistas en distintos sectores de Santa Marta. Estos crímenes no parecen hechos aislados”, escribió Vera al iniciar su denuncia.

Los casos ocurrieron en barrios como Ciudad Equidad, María Cecilia, El Pando, Gaira y Ondas del Caribe, así como en zonas rurales como Guachaca y Bonda. Las víctimas fueron atacadas en vía pública, algunas mientras trabajaban, otras tras ser reportadas como desaparecidas.

Uno de los más recientes, se registró el 28 de mayo, cuando un joven de 22 años fue baleado frente a una estación de servicio al norte de la ciudad. Vera También documentó otro el 9 de enero: Andrés Felipe Caro Arámbula fue asesinado en Ciudad Equidad y su motocicleta fue robada. Y uno más el 23 de febrero, en Guachaca, donde apareció el cuerpo de un conductor informal con señales de tortura. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido y atribuido a ‘ajuste de cuentas’.

Sobre el particular, Vera advierte que los mototaxistas, por su condición de trabajadores informales, son especialmente vulnerables a dinámicas de extorsión, instrumentalización y represalias. “La sistematicidad de los hechos, la selección del perfil de las víctimas y la reiteración de los métodos de asesinato nos obligan a pensar en una estructura detrás de estos crímenes”, afirmó en uno de los trinos más contundentes.

La ciudad y sus habitantes, mientras tanto, están en medio de una disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo. Ambas estructuras se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión.

Según organizaciones como la Fundación Paz & Reconciliación, las ACSN ejercen control sobre buena parte del mercado local de cocaína y mantienen presencia armada en barrios y corregimientos, lo que la denunciante ha denominado ‘POT Paramilitar’.

En este contexto, la defensora de Derechos Humanos sostiene que los mototaxistas no solo son víctimas colaterales, sino también objetivos funcionales: pueden ser utilizados como informantes, mensajeros o simplemente castigados por no someterse a las reglas impuestas por los grupos armados.

Vera lo resume así con la contundencia que siempre ha caracterizados sus denuncias en defensa de los derechos humanos y al analizar el conflicto armado en la región: “no podemos seguir normalizando la muerte de jóvenes pobres que salen a trabajar en una moto. No podemos seguir mirando hacia otro lado”.

Finalmente, la defensora también cuestiona la inacción institucional. En su hilo, lanza preguntas directas: “¿Dónde están las alertas tempranas? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Unidad Nacional de Protección? ¿Dónde están los organismos de control?”.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre una posible conexión entre los casos ni se han anunciado medidas específicas para proteger a este sector de la población.

Info: APN noticias