Cerca del 80% de defensores y defensoras de población migrante en Colombia trabaja sin remuneración, revela informe
La investigación fue presentada por CODHES en el marco de la campaña Conecta por los Derechos, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.
Cerca del 80% de defensores y defensoras de personas en movilidad humana forzada en Colombia ejerce su labor sin remuneración o con salarios demasiado bajos, que en muchas ocasiones tienen que combinar con trabajos informales para sobrevivir, según lo reveló una investigación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el marco del proyecto regional Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
La investigación -financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias-, reveló que, en general, las y los defensores de derechos de las personas en movilidad humana forzada en Colombia ejercen su labor en contextos de falta de apoyo y recursos, estigmatización y discriminación, lo cual exige acciones urgentes.
El informe da cuenta que Colombia es el principal receptor de migrantes y refugiados venezolanos en la región (más de 2.8 millones) y que los principales riesgos que enfrentan quienes defienden sus derechos son amenazas y violencia, por ejemplo, cuando grupos armados ilegales los estigmatizan como "colaboradores de la guerrilla" o los atacan directamente.
Así mismo, revela el informe, existe contra ellos una estigmatización estatal y mediática, pues en muchas ocasiones los defensores y las defensoras de migrantes venezolanos son instrumentalizados políticamente: celebrados por promover participación electoral, pero tachados de "vándalos" al exigir acceso a salud, entre otras cosas.
Según lo explica Marco Romero Silva, director de CODHES, “en un contexto regional cada vez más desafiante, las personas que defienden los derechos de migrantes y refugiados enfrentan crecientes obstáculos como la estigmatización, las amenazas y la reducción de recursos para su labor. Por eso es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan la importancia de su rol en la mitigación de las crisis migratorias y de refugio en el continente, las cuales sin su ayuda se agravarían aún más”.
La investigación también revela que la labor de las organizaciones que defienden los derechos de las personas en movilidad humana forzada está centrada en ayuda humanitaria a través de la disposición de albergues, alimentos y documentos a desplazados y migrantes; acompañamiento jurídico, a través de asesoría en trámites de restitución de tierras (URT) y regularización migratoria.
El informe finaliza con el llamado urgente al Estado colombiano para que implemente una mesa de garantías con enfoque diferencial (género, étnico y generacional) y asigne recursos estables para el ejercicio de la protección de las personas en movilidad humana forzada.
En América Latina y el Caribe son más de 100 organizaciones sociales que protegen los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada las que están en riesgo de continuidad debido a las constantes amenazas, la estigmatización, xenofobia y falta de apoyo en recursos económicos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina es la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto donde cada vez es más relevante su trabajo ante las diferentes crisis.
Esto se debe a que la región enfrenta un aumento sostenido de los flujos de personas obligadas a migrar, debido a factores como conflictos, violencias, crisis económicas, persecución e inestabilidad política y la emergencia climática. Esta situación ha dejado como resultado más de 23 millones de personas refugiadas y desplazadas en la región, según ACNUR. Frente a esta crisis, las personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos atienden las necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones que estas personas experimentan durante su desplazamiento y en su búsqueda de protección, reasentamiento e integración en un nuevo territorio.
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