Advierten líos para el ex gobernador Caicedo y para los Diputados que aprobaron la Ordenanza 133 del 12 de agosto de 2.022

Igual para el contralor departamental, Alberto Mario Garzón quien, según el Contencioso, plagió una reestructuración de la alcaldía de Neiva

Sin embargo, ante una eventual apelación será el Consejo de Estado el que en segunda y última instancia diga la última palabra

Por: Odín Vitola 

En líos fiscales, disciplinarios y hasta judiciales pueden verse inmersos el ex gobernador Carlos Caicedo y los Diputados que aprobaron el proyecto de Ordenanza 133 del 12 de agosto de 2.022, mediante el cual se aprobó la reestructuración de la planta de personal de la Contraloría General del Departamento.

Y los líos se advierten luego que, en las últimas horas, el Tribunal Contencioso del Magdalena declarara nula dicha Ordenanza, con el argumento de que responde a un plagio de lo que en su momento fue la reestructuración de la planta de personal de la alcaldía municipal de Neiva, capital del Huila.

La demanda de nulidad fue presentada por el abogado Yasser Munive Acosta, quien presentó la documentación respectiva que demuestra el plagio en que incurrió el Contralor Departamental, Alberto Mario Garzón, quien también queda en el centro del huracán, porque los dos cargos que fueron creados dentro de esa reestructuración se caen, y en consecuencia se tipificaría un detrimento al patrimonio público.

Sobre el particular se conoció en la presentación de la demanda, que el informe técnico que soportaba el proyecto de reestructuración, no era más que una vulgar copia, corta y pega de la reestructuración realizada en la alcaldía de la capital huilense.

A pesar de las pruebas aportadas, el falló demoró y en las últimas horas se conoce la decisión administrativa, precisamente cuando el demandante procedió a las acciones legales en busca de que la justicia fuera efectiva, pero además pronta. Ahora se advierte que la parte afectada con el fallo presente el recurso de apelación, que conllevará a que el proceso pase al Consejo de Estado para que en segunda y última instancia, resuelva sobre el particular.

Sin embargo, desde ya se escuchan voces que dan cuenta de una futura demanda de repetición contra los responsables del detrimento patrimonial, para que sean recuperados los dineros gastados indebidamente en la Contraloría General del Departamento del Magdalena.