El alto costo de las cárceles en Colombia: ¿hasta cuándo alimentar delincuentes?

Más cárceles, más trato digno, proyectos artesanales y deportivos para ellos, pero que no libran al país de semejante gasto mensual 

En vez de tantas reuniones y esfuerzos para acabar con el hacinamiento, sus derechos y como sostener esos gastos, hay que ver es como se evita de raíz. 

Por: @YamiPeriodista 

El sistema carcelario colombiano no solo enfrenta un grave problema de hacinamiento, sino que también representa una carga económica cada vez más pesada para el Estado. 

Según cifras oficiales, mantener a una persona privada de la libertad le cuesta al país entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, recursos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos.

En un país donde la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad golpean a millones de familias, el hecho de destinar miles de millones de pesos anualmente al sostenimiento de los reclusos genera un debate inevitable: ¿hasta cuándo el país seguirá alimentando a quienes eligieron la delincuencia como camino?

Actualmente, más de 104.000 personas están privadas de la libertad en Colombia, muchas de ellas reincidentes que, tras cumplir una condena, vuelven a delinquir. Este círculo vicioso no solo aumenta la inseguridad, sino que incrementa los costos de un sistema carcelario que parece no dar soluciones de fondo.

La alimentación en el centro del debate 

De manera coincidente, la Procuraduría General de la Nación anunció la instalación de una mesa interinstitucional con la Fiscalía y la Contraloría para articular esfuerzos frente a las deficiencias en la prestación del servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad.

El ente de control ha insistido en que este servicio esencial debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia, garantizando la dignidad y los derechos de la población carcelaria.

Es un planteamiento respetable en términos de derechos humanos, pero la verdad de fondo es otra: el altísimo costo que mantener a los delincuentes representa para el país, un gasto que termina asumiendo la ciudadanía.

Una estrategia necesaria: resocializar y no solo castigar

Expertos en criminología y política pública coinciden en que la solución no está únicamente en seguir construyendo cárceles. Se necesita una estrategia integral que contemple:

Trabajo obligatorio para los reclusos: que su estadía no sea un gasto, sino una inversión en producción agrícola, infraestructura o reciclaje.

Educación y formación técnica: para reducir la reincidencia y abrir caminos de reinserción social.

Medidas alternativas a la prisión para delitos menores: como trabajo comunitario y sanciones económicas, lo que disminuiría la sobrepoblación carcelaria.

Endurecimiento de penas y cumplimiento real para criminales reincidentes y cabecillas: evitando que las cárceles se conviertan en centros de operación del delito.

Tema inevitable en las campaña presidenciales actuales 

De cara a las elecciones de 2026, varios precandidatos presidenciales seguramente deberán pronunciarse sobre este asunto. No se trata solo de hablar de derechos humanos en abstracto, sino de enfrentar el reto de un sistema carcelario insostenible, que consume billones del presupuesto público mientras la ciudadanía exige seguridad y soluciones efectivas, pues parece que de nada sirve tener más de 100 mil delincuentes dentro de unas paredes, y afuera la seguridad no mejora. 

La discusión está abierta

Mientras el Estado refuerza su trabajo para garantizar la dignidad de los privados de la libertad, los ciudadanos siguen cargando con el peso económico de un sistema carcelario costoso e ineficaz, además,  cuidansose de una inseguridad cada vez más peligrosa.

La verdadera tarea pendiente es encontrar el equilibrio entre un trato humano y la obligación de que quienes delinquen no sean solo una carga, sino también parte de la solución.