Engavetado parece estar el informe de auditoría que compromete a Diana Celedón Sánchez, como gerente del Hospital San Rafael de Fundación

Ese informe, con 13 hallazgos administrativos, así está desde que fue enviado a la Oficina Jurídica de la Contraloría

Tampoco se resuelven las irregularidades que rodean al nombramiento del actual gerente de ese hospital.

Por: Odín Vitola 

Desde hace año y medio se encuentra sin avances significativos, como si estuviera engavetada, la investigación que debió adelantar la Oficina Jurídica de la Contraloría General del Departamento con base en el informe de auditoría que dio cuenta de presuntos malos manejos financieros en el Hospital San Rafael de Fundación en el año 2.023, cuando estuvo bajo la gerencia de Diana Celedón Sánchez, la misma que contrató el falso intensivista en tiempos de pandemia por el Covid 19.

Ese informe de auditoría, que surge a raíz de la denuncia identificada con el código Q-47-23-0030 presentada contra las irregularidades en el centro asistencial, de cuenta de 13 hallazgos administrativos, tres de ellos con incidencia fiscal. Es decir, podrían implicar un detrimento patrimonial que debe ser materia de investigación a fin de que sean establecidas las claridades y las responsabilidades del caso.

Entre los hallazgos está el número 6, que hace precisiones sobre el contrato OPSJ-01 para el servicio de aseo y jardinería por valor de 566 millones, 560 mil 482 pesos, con un supuesto daño de 424 millones, 642 mil 728 pesos. Cabe recordar que ese hospital no tiene jardín, pero se contrató su mantenimiento.

Igualmente está el contrato de prestación de servicios profesionales No. OPSJ-04 de 2.023, relacionado con la administración integral del departamento de sistemas y soportes en seguridad electrónica por valor de 180 millones de pesos, con un presunto detrimento patrimonial de 163 millones, 588 mil 236 pesos.

De esas y muchas otras irregularidades no se resuelve nada en la investigación. Sólo se conoce del informe presentado al denunciante el 14 de mayo de 2.024, que da cuenta del traslado del informe de la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana a la Contraloría a la Oficina Jurídica, tras ser evaluada la denuncia y remitió sus conclusiones a la Oficina Jurídica del mismo ente de control fiscal, en donde parece estar todo engavetado.